La investigación federal más amplia que se ha adelantado en Estados Unidos contra el llamado jackpotting —el saqueo de cajeros automáticos mediante malware— destapó una red criminal transnacional que, según las autoridades, operó durante años para robar millones de dólares y financiar actividades del Tren de Aragua. Este lunes 26 de enero de 2026, un gran jurado del Distrito de Nebraska presentó una acusación formal adicional contra 31 personas, elevando a 87 el número total de procesados por su presunta participación en la conspiración.La nueva acusación incluye 32 cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude bancario, robo a banco, fraude informático y daños a computadoras. De acuerdo con el Departamento de Justicia, muchos de los imputados son ciudadanos venezolanos y colombianos, incluidos inmigrantes indocumentados vinculados al ‘Tren de Aragua’, organización que las autoridades estadounidenses describen como terrorista y con presencia activa en su territorio.Jackpotting en cajeros de EE. UU. Foto:Departamento de Estado EE. UU.Según los documentos judiciales, la conspiración desarrolló e implementó una variante de malware conocida como Ploutus, diseñada para hackear cajeros automáticos y obligarlos a dispensar efectivo sin autorización. Para lograrlo, los grupos se desplazaban por distintos estados del país, realizaban labores de reconocimiento sobre las medidas de seguridad de bancos y cooperativas de crédito y, una vez verificado que no se activaban alarmas ni respuestas policiales, abrían los cajeros para instalar el software malicioso.El método variaba: en algunos casos extraían el disco duro del cajero y lo reemplazaban por uno previamente cargado con el malware; en otros, conectaban dispositivos externos, como memorias USB, que ejecutaban la instalación. Ploutus no solo permitía emitir órdenes directas al módulo dispensador de efectivo, sino que también estaba programado para borrar rastros de su presencia y engañar a los empleados de las entidades financieras. Las ganancias, de acuerdo con la acusación, se repartían en proporciones previamente acordadas entre los integrantes de la red.Jackpotting en cajeros de EE. UU. Foto:Departamento de Estado EE. UU.Pamela Bondi, fiscal general, sostuvo que el ‘Tren de Aragua’ utilizó “es una organización terrorista compleja que comete graves delitos financieros, además de atroces violaciones, asesinatos y tráfico de drogas. Este Departamento de Justicia ya ha procesado a más de 290 miembros del Tren de Aragua y seguirá trabajando incansablemente para poner tras las rejas a estos despiadados terroristas después de que el gobierno anterior les permitiera infiltrarse en nuestro país”.En la misma línea, el fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que se trató de una conspiración nacional destinada a enriquecer tanto a los participantes como a la organización.Jackpotting en cajeros de EE. UU. Foto:Departamento de Estado EE. UU.La acusación formal del 26 de enero se suma a otros dos procesos clave. El 9 de diciembre de 2025, un gran jurado ya había imputado a 22 personas por cargos que incluían apoyo material a una organización terrorista extranjera, fraude bancario, lavado de dinero y delitos informáticos. Antes, el 21 de octubre de 2025, otra acusación había señalado a 32 personas por 56 cargos relacionados con fraude, robo a banco y daños a computadoras.Las autoridades federales sostienen que, en conjunto, estas causas describen una conspiración de alcance nacional, con delitos cometidos en múltiples estados y ganancias ilegales que se contaron por millones de dólares. La fiscal federal para el Distrito de Nebraska, Lesley A. Woods, afirmó que cortar el flujo financiero del Tren de Aragua es una de las principales estrategias para limitar su capacidad de cometer actos violentos en comunidades estadounidenses.En los últimos seis meses, el Departamento de Justicia ha acusado formalmente a 87 presuntos miembros y líderes del Tren de Aragua por una amplia gama de delitos federales. De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar penas máximas que oscilan entre 20 y 335 años de prisión. Para las autoridades, el caso marca un golpe significativo contra una organización que, según su versión, evolucionó de pandilla carcelaria en Venezuela a red criminal transnacional con operaciones financieras sofisticadas en Estados Unidos.Redacción Justicia