La Fundación Forjando Futuros, la cual acompaña jurídicamente a víctimas de despojo principalmente en Antioquia, anunció que acompañó la radicación de una denuncia en contra de los altos ejecutivos del megaproyecto portuario de Puerto Pisisí, ubicado en Turbo (Antioquia).Según informó la fundación, la Fiscalía General recibió una denuncia penal contra la sociedad portuaria, representada por Teófilo Lemus y el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto.La acción judicial se encamina a que la Fiscalía inicie una investigación por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.Gerardo Vega Medina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y director de Forjando Futuros. Foto:Unidad InvestigativaPara entender el caso hay que remontarse a 2022, cuando el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Apartadó protegió a un grupo de familias de la región, quienes reclamaban las tierras donde se adelanta el megaproyecto, pues de allí tuvieron que salir desplazadas durante la guerra.Según marca el expediente, la Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí se comprometió a no participar como opositora en el expediente de restitución y habría ofrecido una compensación adicional a las víctimas.En este contexto, el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento mediante el cual la empresa se comprometió a entregar tierra rural, vivienda, proyectos productivos, crear una empresa asociativa y pagar hasta tres salarios mínimos mensuales por núcleo familiar, como parte del proceso de reparación.Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, ninguno de estos compromisos ha sido ejecutado. “Han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas. Por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia”, afirmó Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros.Los reclamantes de tierras aclararon que no se oponen al proyecto, pero no renuncian a sus derechos. Foto:Cortesía Fundación Forjando FuturosLa denuncia fue interpuesta por campesinos reconocidos oficialmente como víctimas de hechos violentos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, en el municipio de Turbo (Antioquia). Los casos están relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides, así como del secretario del Concejo, Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.Los predios despojados, que actualmente hacen parte del proyecto Puerto Pisisí de Urabá, fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, a pesar de que hoy figuran a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. A través de decisiones judiciales, se ordenó una compensación por equivalencia que, aparte, no se ha cumplido en su totalidad.Las víctimas aseguran que agotaron todas las vías de diálogo sin obtener respuestas concretas. “Fuimos engañados para llegar a un acuerdo que nunca se cumplió. Exigimos que se respete la memoria de quienes ya no están y los derechos de quienes seguimos esperando reparación”, señaló Vanderley Quintero, representante de las familias afectadas.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA