El magistrado Iván Mauricio Lenis, nuevo presidente del de la Corte Suprema, habló con EL TIEMPO sobre los retos de la corporación de cara a la polarización del año electoral. Dijo que el país debe abrir debates sobre las consecuencias de la injuria en redes y la responsabilidad penal de menores que cometen delitos graves.Frente a la arremetida del presidente Gustavo Petro contra las altas cortes, ¿cuál es el primer mensaje que usted da hoy como nueva cabeza de la Corte Suprema de Justicia?Nosotros tenemos que interpretar muy bien el mandato constitucional de que las distintas ramas del poder público deben trabajar armónicamente. ¿Para qué? Para desarrollar las funciones del Estado y materializar esos objetivos, principios, derechos y valores constitucionales. Entonces, para mí lo fundamental es que ese diálogo institucional, que a todos nos corresponde, sea una responsabilidad compartida y que podamos hacerlo de manera armónica, aun dentro de las diferencias. En este momento, todos los representantes de los poderes públicos hemos sido elegidos legítimamente. No hay razones para que ese diálogo no pueda desarrollarse de buena manera. Bienvenidas las ideas con argumentos, bienvenidos el debate y la deliberación pública, pero siempre en una línea de respeto.Hemos escuchado al Presidente hablar de magistrados trabajando para los ‘ultrarricos’. ¿Considera que este tipo de epítetos afectan la democracia?Siempre, en el campo judicial, hay situaciones coyunturales. Y esas situaciones, dependiendo de quiénes estén en los poderes públicos, imponen retos. Lo importante es que la justicia preserve su independencia y su autonomía; que tome las decisiones que corresponden y que las valoraciones jurídicas que haga sean conforme al marco establecido en la Constitución y la ley. Si nosotros hacemos nuestro trabajo como corresponde, las cosas pueden estar de mejor manera. A pesar de situaciones coyunturales que puedan presentar algún reto en materia de independencia judicial, lo importante es preservarla y no permitir que presiones de cualquier tipo influyan.¿Ya habló con el Presidente?No. Yo recibí esta vocería de la Sala Plena de la Corte hace 15 días y no hemos tenido oportunidad. Seguramente habrá un momento en que ello sea posible. Entiendo también que estuvo muy concentrado en su visita a Estados Unidos. Seguramente habrá espacio, o a través del ministro de Justicia, que es el vértice de los diálogos institucionales entre las ramas.Estamos en un momento en el que se oyen voces que llaman a una nueva constituyente. ¿Usted cree que es necesario reformar la Constitución con una cirugía de fondo?Una de las cosas más trascendentales de las últimas décadas fue la Constitución de 1991. Trajo una transformación fundamental para el país, pero también nos impuso como sociedad muchas metas, y esas metas las estamos desarrollando. Hemos avanzado, pero nos falta, y hay que seguir trabajando. Creo en esa Constitución, en sus garantías y derechos en beneficio de la población, y me gusta que tenga reglas contramayoritarias en defensa de las minorías. Un cambio constitucional requiere consenso nacional. Considero que se pueden seguir haciendo reformas sin necesidad de cambiar ese pacto, que fue tan importante en un momento clave para el país. Como sociedad podemos pensar —y puede surgir la idea— de que se necesita un cambio, pero eso exige consenso. Lo que no puede pasar es que se salga de los márgenes de una decisión concertada por todos los actores de la vida nacional. Yo creo en la Constitución y considero que sigue siendo fundamental. Por eso pienso que se pueden seguir haciendo reformas sin necesidad de cambiar ese pacto, que fue tan importante en un momento tan especial para el país.¿Cuál cree que es el reto de las altas cortes, de la justicia en general, en un año electoral y con el precedente de un precandidato asesinado?Todos esperamos que haya elecciones transparentes, que todos los ciudadanos puedan votar sin ningún tipo de restricción en todas las regiones del país; que los candidatos a los cargos que se eligen en marzo puedan presentar sus propuestas libremente; y que las autoridades correspondientes actúen con celeridad si se presentan anomalías, que estas puedan ser denunciadas eficazmente por métodos expeditos y que las autoridades puedan resolver. Pero, fundamentalmente, que los resultados sean respetados, sean los que fueran. En este momento coyuntural la población tiene un deber, y es informarse más. Hay múltiples esfuerzos para contrarrestar la desinformación y la polarización, pero como eso es tan grande y tan fuerte, parece que también necesitamos que la ciudadanía asuma su deber. Entrevista con el magistrado Iván mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia Foto:Claudia Rubio. Autor:El mundo está en un debate muy grande sobre las redes sociales. ¿Por dónde vamos a entrar en Colombia a esta discusión sobre la responsabilidad de lo que se difunde?Yo creo que el avance vertiginoso de la tecnología nos obliga a reflexionar como sociedad sobre cómo la recibimos: cómo aprovechamos sus beneficios, pero también cómo enfrentamos los retos que impone. Hoy la tecnología está tensionando derechos. Ese desarrollo a través de redes sociales y plataformas pone en juego la libertad de expresión, la autonomía, la honra y la dignidad de las personas. Por supuesto, tenemos que pensar cómo afrontar ese escenario. Cualquier regulación que se plantee nunca debe buscar restringir la libertad de expresión. Ese es un derecho y un principio fundamental de cualquier democracia, y debe ejercerse en libertad. Pero también es cierto que debemos preguntarnos qué respuestas puede dar el ordenamiento jurídico frente a casos comprobados en los que, a través de publicaciones, se afecte la dignidad o la honra de las personas, o exista una intención clara de causar daño. La respuesta no es fácil. Lo importante es abrir la reflexión y pensar cómo una regulación podría ayudarnos a manejar estos fenómenos. Nuestra arquitectura jurídica, en asuntos relacionados con redes sociales, tiene que modernizarse para enfrentar nuevos retos. El tema es tan complejo —y aún lo estamos entendiendo— que no es claro cuál debería ser el tipo de regulación ni hacia dónde debería ir. Sin embargo, hay evidencia de casos que muestran que algún nivel de regulación podría ser deseable para atender problemas apremiantes y reducir la tensión de derechos que hoy generan muchas publicaciones en plataformas y redes sociales.El año pasado, en junio, Miguel Uribe Turbay fue asesinado por un menor de edad que terminó recibiendo una sanción de ocho años. Hubo debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, ¿por dónde deberíamos entrar a esa discusión en Colombia?Tenemos evidencia, desde distintos ángulos, de que los menores a veces son instrumentalizados para desarrollar actividades criminales. La regulación sobre los menores y los adolescentes siempre debe pensarse desde un marco de protección hacia ellos, y eso está muy bien. Como sociedad, podemos seguir reflexionando sobre cómo crear mecanismos para protegerlos y evitar que sean instrumentalizados, tratando de contrarrestar su participación en actividades criminales. El tema, en realidad, es muy complejo; no es fácil, porque abordar una regulación de ese tipo siempre tiene que considerar, por una parte, la normatividad internacional y la normatividad propia, así como el mandato principal de cuidar y proteger a los menores.Hay democracias en las que, en ciertos casos, existe responsabilidad penal de adolescentes que cometen delitos graves. ¿No tenemos el mismo problema de siempre de legislar para Dinamarca cuando estamos en Cundinamarca?Sin duda alguna, uno podría mirar, como ejercicio de derecho comparado, y aprender de otras experiencias. Podemos observar cómo en otros países y culturas se ha regulado el tema. Pero cualquier tipo de regulación que se haga, en cualquier materia, debe aterrizarse a nuestras realidades, porque uno de los principales elementos para que el derecho tenga eficacia es que sea una norma producida conforme a los contextos nacionales. No se trata de hacer trasplantes normativos, sino de aprender y observar siempre desde nuestra propia realidad.Desde su Sala, la Laboral, recientemente se han proferido decisiones claves para los derechos de los trabajadores. Una de ellas es la extensión del umbral del fuero pensional; otra, la licencia de luto por mascotas. ¿Qué otros fallos recientes de la Corte destaca?La decisión sobre el tema de los prepensionados es importante porque, hasta ahora, la jurisprudencia había entendido que existía protección para la persona a la que le faltaran tres años para completar el número de semanas requeridas para pensionarse. Pero la realidad mostró otra situación: la persona que ya tenía las semanas, pero a la que le faltaba la edad. Allí la jurisprudencia no había desarrollado una solución, y esa persona, si era retirada de su trabajo, quedaba desprotegida porque el salario es el medio que permite afrontar la vida diaria. Ahora la jurisprudencia amplió la protección: puede ser por semanas o por falta de edad; una empresa no puede despedir a un trabajador al que le falten tres años para pensionarse, ya sea por semanas de cotización o por edad. Hay otra decisión que me parece muy sensible en relación con las trabajadoras que colaboran en oficios domésticos. Hemos visto que, en ciertos escenarios sociales —no en todos—, no se les cotizaba a la seguridad social. Entonces la Corte sacó una decisión muy importante en el sentido de que, si el empleador no cotizó, la trabajadora puede demandarlo y solicitar el pago del cálculo actuarial por el tiempo que le prestó servicios, para que sea tenido en cuenta al momento de requerir una pensión. La jurisprudencia de la Corte ha venido ampliando la figura del cálculo actuarial prácticamente hoy en día para cualquier trabajador, en cualquier área y en cualquier sector económico al que el empleador no le cotice a la seguridad social. El tema de salud mental también es muy importante. Se han venido incrementando los problemas de salud mental en la población y hay una sentencia en la que se admite la pensión de invalidez por salud mental. Eso me parece también de gran trascendencia.¿Y en materia pensional?Pues resulta que nosotros tenemos un problema de alta informalidad, y esa es otra reflexión. En realidad, ¿por qué no hemos logrado reducir la informalidad desde la década de los 90 hasta hoy, si las cifras se mantienen constantemente por encima del 50 %? Ese problema nos genera dificultades en muchos campos. Uno de ellos es la seguridad social, quizá el principal, porque la gente no puede mantener cotizaciones permanentes y entonces encuentra dificultades para reunir los requisitos que establece la ley para pensionarse, ya que no tiene trayectorias laborales continuas: un año trabaja en condiciones formales, al siguiente en la informalidad, y así sucesivamente. Con todos estos baches, las personas logran alrededor de 700 o 750 semanas, pero no pasan de ahí. La pensión familiar es una regulación muy colombiana que permitió que dos personas en contextos de informalidad unan sus semanas para acceder a una pensión familiar. Entonces dos esposos que no lograron pensionarse porque estuvieron en informalidad pueden sumar sus semanas.El caso Uribe llegó a casación en la Corte y además se adelantan procesos por el mayor escándalo de corrupción de este gobierno, el saqueo de la UNGRD. ¿Le preocupa que casos de este talante puedan avivar la polarización?El caso Uribe llegó a la Sala de Casación Penal y será abordado como cualquier otro caso, en el orden de turno que le corresponda. Es un asunto reciente, tiene asignado un magistrado, quien lo estudiará acorde con las dinámicas de la propia Sala y dentro de los términos establecidos. Lo primero es resolver si se admite o no la casación. Lo importante es que ese caso, como cualquier otro, sin ninguna distinción, está sometido a las reglas de reparto y a los tiempos que corresponden. Insisto en que los jueces fallamos en derecho y hacemos valoraciones para tomar nuestras decisiones al margen de cualquier tipo de presión o influencia. Lo que espera la ciudadanía es que analicemos las causas, demos el debate, entendamos el material probatorio y fallemos acorde con ello. Sara Valentina Quevedo Delgado y Jhon Torres – Redacción Justicia