Ricardo Roa se convirtió en la primera ficha cercana al presidente Gustavo Petro en ser llamada a responder por supuestas irregularidades en la campaña de 2022 a la Casa de Nariño. La Fiscalía General lo ubica como una de las cabezas detrás de presuntos gastos desbordados y otras inconsistencias por las que lo imputarán en los próximos días. Roa, actual presidente de Ecopetrol, fue una de las manos derechas en la aspiración política de Petro en 2022. De hecho, fue su gerente de campaña y estaba a cargo de todas las cuentas, entre ellas donaciones, aportes y gastos que se hacían durante la gira por distintas ciudades.Desde que Petro llegó al poder, las cuentas de su campaña han estado bajo la lupa por distintas autoridades. Incluso, el que recientemente encontró falencias fue el Consejo Nacional Electoral (CNE), que decidió sancionar a Petro y Roa por vulnerar los topes electorales. Esa entidad concluyó que la campaña sobrepasó topes por 5.300 millones de pesos. De ellos, 3.700 millones eran por la primera vuelta, y 1.600 a la segunda vuelta.El presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa en campaña. Foto:Archivo particularEn su ponencia, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del CNE le compulsaron copias a la Fiscalía para que indagara a nivel penal las cuentas que manejaba Roa.En el ente acusador las denuncias están desde hace más de dos años, y las tiene concentradas un grupo de fiscales adscritos a dos dependencias: la delegada ante la Corte Suprema y la dirección anticorrupción.Ricardo Roa y los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Foto:EL TIEMPO/ Archivo ParticularLos dos temas de la imputaciónEn el caso de Roa el expediente reposa en el despacho de un fiscal adscrito al Eje temático para los delitos electorales, quien desde hace meses ha venido escuchando a distintas personas, y que luego de analizar sus versiones e informes contables decidió radicar la imputación.EL TIEMPO tuvo acceso a algunas de las cifras preliminares que no cuadran en las cuentas de campaña. Según fuentes oficiales son 2.024 millones de pesos divididos en dos grandes rubros. El primero es por ingresos que no aparecen reportados en los registros de la campaña de la Colombia Humana.El excoronel de la Policía Juan Guillermo Mancera. Foto:Archivo particularEn este punto, el ente acusador no ha encontrado respuestas que justifiquen el ingreso de 451 millones de pesos. Ese monto se refiere a aportes realizados por la Unión Sindical Obrera (USO), el Polo Democrático, una firma denominada Turismo al Vuelo, entre otras empresas. “Hubo aportantes que dijeron que dieron plata para la campaña, pero no encontramos los registros de esos montos”, le explicaron fuentes a este diario.El segundo cargo que leerá la Fiscalía en la imputación a Roa tiene que ver con un sobretope de montos permitidos por la ley. Son 1.573 millones de pesos en los que se habría excedido la campaña. Una fuente del ente persecutor le dijo a este diario que esas facturas tienen que ver con gastos en hoteles, publicidad y tiquetes.Búnker de la Fiscalía. Foto:Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPOPrecisamente, sobre la mesa hay otras pesquisas como los vuelos que se hicieron con la empresa Sadi, que se hicieron ampliamente conocidos por la comunidad debido a que hay fotos de la comitiva de Petro trasladándose con esa empresa.En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Juan David León, que representa los intereses de Ricardo Roa, manifestó que en el interrogatorio que su cliente rindió en diciembre, no se habló de los hechos que por la prensa ha conocido. “Llama la atención que sobre el llamado no se hizo mención esa vez, sobre los contratos de Mancera”, dijo el penalista.El apartamento 901El otro llamado a imputación a Ricardo Roa es por presunto tráfico de influencias, y fue destapado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. La génesis de este caso tiene que ver con la compra que hizo de un apartamento ubicado en Bogotá en un noveno piso del barrio Chicó.Juan Guillermo Mancera y los pagos el apartamento 901. Foto:EL TIEMPO/ Archivo ParticularEl negocio se acordó con el policía retirado Juan Guillermo Mancera, a quien se le compró la vivienda por cerca de 1.800 millones de pesos. La hipótesis de la Fiscalía es que la venta fue por un precio menor al establecido, pero con la supuesta promesa de que el uniformado iba a beneficiarse con contratos que dieran filiales de Ecopetrol.En particular, Mancera estaría interesado en contratos para una empresa gasificadora suya.Juan Guillermo Mancera y Ricardo Roa. Foto:Archivo particularSobre Serafino Iacono, un empresario que siempre ha estado en el radar sobre el polémico apartamento 901, desde el ente acusador le dijeron a este diario que por ahora no hay indagaciones abiertas en esa dirección. Eso sí, fuentes apuntaron que Mancera sí está bajo la lupa y podría ser llamado a responder.La imputación no incluirá una solicitud de medida de aseguramiento de Ricardo Roa. A la par, se está analizando si se compulse alguna copia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por una eventual mención en el expediente al presidente Petro.Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com