En noviembre pasado, el Gobierno Nacional y la empresa sueca Saab suscribieron un contrato por más de $16 billones para la compra de 17 aeronaves Gripen para el apoyo de la Fuerza Pública nacional.En su momento, el contrato desató polémica por el costo y el contraste con el discurso político del presidente Gustavo Petro, quien adelanta un proyecto de conversación con los grupos armados y quien, en el pasado, se había opuesto a la compra de aviones de guerra.La Contraloría General de la República hizo vigilancia al proceso contractual y, tras un proceso de inspección, avaló el proceder del Ministerio de Defensa, al menos en lo que a su competencia refiere, que es el control fiscal de los recursos del Estado.Aviones de combate Gripen. Foto:Mindefensa.Según el órgano de control, el acceso a la información se dio pese a las cláusulas de confidencialidad del contrato, amparado en normas constitucionales y legales que establecen que “el carácter reservado de una información o de determinados documentos” no pueden ser ocultados a las autoridades competentes para ejercer funciones de control.El ente de control indicó que, antes de la firma del contrato, se evaluaron propuestas de aeronaves fabricadas en Estados Unidos, Francia, España y Suecia, y que solo las presentadas por Saab y la empresa concursante Dassault contaban con información suficiente para un análisis comparativo técnico y económico.En ese ejercicio, la propuesta de Saab resultó la más favorable para el país, al ser la más económica y permitir una entrega más temprana de las aeronaves. El contrato fue suscrito por un valor de más de $16 billones, con vigencias futuras aprobadas y a un precio fijo.La Contraloría también destacó que el acuerdo contempla la adquisición de 17 aeronaves nuevas, junto con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación. Además de compensaciones industriales, sociales y militares que no impactan el valor del contrato.Finalmente, la Contraloría informó al público que, dada la trascendencia económica del negocio, continuará con la revisión de la ejecución contractual y el seguimiento permanente durante el primer semestre de 2026, como parte de sus funciones de control fiscal.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA