En la audiencia de imputación, la Fiscalía señaló al exministro del Interior Luis Fernando Velasco de haber ordenado que se entregaran contratos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para asegurar apoyos legislativos a la reforma pensional del Gobierno y cuya legalidad está siendo discutida en la Corte Constitucional.A la par de la imputación al exministro Velasco, en el alto tribunal se discute la constitucionalidad de la norma, y a la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez le habrían sido agregados nuevos argumentos para tumbarla. Entre ellos aparecen las acusaciones contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle –hoy detenidos por su presunta participación en el saqueo a la Unidad–, en las que la Corte Suprema señaló que las coimas que habrían recibido de altos funcionarios del Gobierno pudieron servir para aceitar el trámite de las reformas del Presidente. Es la primera vez que un hecho de corrupción se invoca como posible motivo para declarar la inconstitucionalidad de una norma.Reforma pensional – Plenaria del Senado Foto:Archivo EL TIEMPOEl entramado para favorecer intereses del poder Ejecutivo en el LegislativoSegún la fiscal del caso, María Cristina Patiño, la instrucción habría sido impartida en junio de 2023, cuando Velasco —hombre cercano al presidente Gustavo Petro— le pidió al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, “apoyar la reforma pensional” mediante un esquema de direccionamiento contractual.En la audiencia, la fiscal leyó: “Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023 le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión”.Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023 le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensionalMaría cristina PatiñoFiscalEl señalamiento agrega que, por instrucción de Velasco, López debía ponerse a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, encargada por el Gobierno de liderar la aprobación de la reforma. En cumplimiento de esa orden, dijo la fiscal, el 13 de junio de 2023 López asistió al debate en la Comisión Séptima y acordó con Peralta “gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión”.La fiscal sostuvo que Peralta también le pidió a López “atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el gobierno nacional y por lo tanto era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios”.Patiño enmarcó estos hechos en las funciones constitucionales y legales del Ministerio del Interior, entre ellas la presentación de proyectos de ley ante el Congreso, la participación en políticas de endeudamiento y la dirección de asuntos de financiamiento público. Imputación contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD. Foto:Archivo particularSegún la imputación, fue precisamente “en ejercicio de dichas funciones” que Velasco y el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, “acordaron entre sí con otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público y con ciertos parlamentarios (…) el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del gobierno en el legislativo”.La imputación indica que, “en desarrollo del pacto criminal”, Velasco y Bonilla ofrecieron a determinados congresistas dirigir y priorizar proyectos contractuales que cursaban ante el Invías y la UNGRD, para que respaldaran iniciativas del Ejecutivo o asistieran y votaran en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público en temas de endeudamiento.Se trata de los congresistas Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz (quien renunció a su curul), que habrían suscrito un pacto ilícito para dar su voto, a finales de 2023, a cambio de participación en tres millonarios contratos de UNGRD por más de 92 mil millones de pesos.Las dádivas se materializaron en proyectos de la UNGRD en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en el Carmen de Bolívar (Bolívar). Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com