Laporta declara en el juzgado por la presunta estafa a una inversora de 120.000 euros | Fútbol | Deportes

Joan Laporta ha acudido a la Ciutat de la Justícia para declarar en calidad de investigado por una presunta estafa de la que fue una mujer que invirtió 120.000 euros en 2016 en un proyecto que apostaba por el ascenso de categoría del equipo de futbol Club Deportiu y la creación de una red de academias de fútbol en China. A la salida, ha rechazado atender a los periodistas y apenas ha señalado sobre la declaración: “Ha ido muy bien”. El actual presidente del FC Barcelona fue utilizado como reclamo de la inversión. También están imputados en la investigación judicial Rafa Yuste, hombre de confianza de Laporta y vicepresidente del club; el exdirector de TV3 y expresidente del Reus Deportiu, Joan Oliver —que también está citado a declarar este viernes—, y el economista Xavier Sala i Martín.La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona intenta averiguar los hechos, centrados en la oferta de inversión que efectuó una agente de banca privada asegurando altas rentabilidades. Una de las ofertas trataba la inversión en Core Store y aseguraba una rentabilidad del 6%. Los recursos invertidos tenían que ir destinados a la ejecución de un plan estratégico para lograr el ascenso del Reus Deportiu. La segunda se centraba en invertir en la sociedad CSSB Limited a través de la compra de acciones. Su consejero delegado era Oliver y su objeto social era crear una red de academias para futbolistas en China.La denunciante se sumó al primer proyecto mediante un crédito participativo de 50.000 euros a cinco años y la inversión de otros 54.000 euros a través de suscripción de acciones. Su defensa considera que la información sobre la sociedad fue omitida. Sin resultados, en 2023 se renovó el contrato de préstamo tras no conseguir los intereses pactados y un año después se le abonaron solo parte del dinero. La querella recoge que “la captación de capital se apoyó en la reputación y el prestigio de los partícipes, quienes se presentaron como garantes del proyecto, ofreciendo así una apariencia de solvencia empresarial que no se correspondía con la realidad”. En un principio, el tribunal desestimó abrir diligencias, pero la Audiencia de Barcelona consideró abrirlas al constatar una posible “incorrecta gestión” y “existen indicios de la comisión de hechos con trascendencia delictiva”. En el Juzgado de instrucción número 6, que también investiga unos hechos similares, descargó las responsabilidades sobre Oliver.