La Procuraduría suspendió por tres meses, prorrogables, al general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército Nacional, y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de una indagación por su presunta infiltración y colaboración las disidencias de las Farc. La decisión se sustenta en tres razones que buscan proteger el proceso y evitar la reiteración de los hechos.La investigación se originó tras revelaciones de Noticias Caracol, según las cuales ambos funcionarios habrían sostenido posibles vínculos con jefes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Las publicaciones señalaron que los investigados habrían entregado información clasificada a las disidencias, relacionada con movimientos de tropas y operaciones en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, así como códigos de frecuencias radiales de la Fuerza Pública. También se les atribuye haber brindado apoyo y orientación para que miembros de las disidencias crearan empresas de seguridad privada con el fin de legalizar armas y prepararse para escenarios posteriores a eventuales diálogos con el Gobierno.Alias Calarcá. Foto:Archivo particular.Con esos elementos, el 24 de noviembre de este año la Procuraduría abrió indagación previa y vinculó a Huertas y a Mejía tras confirmar plenamente su identidad y cargos. Según el despacho, los hechos disciplinariamente relevantes apuntan a que los funcionarios habrían sostenido vínculos indebidos con un grupo armado ilegal, al cual presuntamente habrían favorecido mediante la entrega de información clave sobre operaciones del Estado.Primera razón: la naturaleza de las conductas investigadasPara la Procuraduría, los hechos por los que se vincula a los disciplinables evidencian un posible relacionamiento con un grupo armado al margen de la ley, con el que habrían colaborado mediante varias acciones, incluida la entrega de información reservada sobre operaciones de la Fuerza Pública. De confirmarse, estas conductas podrían encajar en faltas disciplinarias previstas en los artículos 62.3 y 65 del Código Disciplinario, que sancionan actos tendientes a promover o colaborar con grupos armados ilegales y la configuración objetiva de conductas descritas como delito doloso.El general Juan Miguel Huertas Foto:El general Juan Miguel HuertasSegunda razón: riesgo de interferencia y acceso privilegiado a informaciónEl Ministerio Público advirtió que la permanencia de Huertas y Mejía en sus cargos podría interferir en el trámite de la investigación y facilitar la reiteración de las conductas, dada la naturaleza de sus funciones. La entidad subrayó que ambos ocupan posiciones en los niveles más altos del Ejército y del DNI, lo que les da acceso privilegiado a información estratégica.En el caso de Mejía, por ejemplo, entre sus funciones está dirigir y coordinar la planeación y ejecución de misiones de inteligencia estratégica, así como articular las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Ese acceso, señala la Procuraduría, podría poner en riesgo la investigación en curso.Tercera razón: su posición jerárquica y la posibilidad de reiteraciónLa entidad destacó que los investigados mantienen una relación de superioridad jerárquica con personas de interés para el proceso, lo que podría afectar la obtención de información relevante. Además, uno de los ejes de la investigación es la presunta entrega de información de inteligencia y contrainteligencia a un grupo ilegal con el que podrían tener algún tipo de relación. Su permanencia en los cargos, por tanto, facilitaría la continuación del patrón de conducta denunciado y pondría en riesgo tanto el éxito de la investigación como la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública.La Procuraduría concluyó que existen “serios elementos de juicio” para considerar que Huertas y Mejía podrían utilizar las potestades de sus cargos para interferir en este proceso y en eventuales procesos penales.Redacción Justicia